Por Edwin Gómez
En momentos en que el debate sobre el futuro de la educación dominicana ocupa un lugar central en la agenda nacional, la decisión del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos, de abrir un proceso de diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) constituye una señal positiva de madurez institucional y compromiso con la construcción colectiva de políticas públicas.
La presentación del documento “Llamado al magisterio nacional y la ADP” no debe interpretarse como un simple gesto protocolar. Por el contrario, representa un paso estratégico hacia la construcción de consensos en torno a uno de los temas más sensibles para el desarrollo del país: la transformación del sistema educativo.
En sociedades democráticas, las reformas profundas rara vez prosperan cuando se imponen de manera unilateral. La experiencia internacional demuestra que los cambios estructurales en educación requieren diálogo, escucha activa y participación de los actores directamente involucrados en el proceso educativo. En ese sentido, el acercamiento entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la ADP es un ejemplo de cómo se deben conducir las discusiones sobre políticas públicas.
Resulta particularmente significativo que el proceso de conversación se inicie dejando de lado, al menos por el momento, el proyecto de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Mescyt, un tema que ha generado preocupación dentro del magisterio. Al eliminar ese punto de tensión inicial, se crea un clima más propicio para una discusión franca, plural y orientada a buscar soluciones reales para los desafíos del sistema educativo dominicano.
Por ello, cualquier intento serio de reforma debe contar con su participación.
En este contexto, el proceso de diálogo que ahora se propone puede convertirse en una oportunidad valiosa para abordar los grandes desafíos que enfrenta la educación dominicana: la calidad del aprendizaje, la formación docente, la actualización curricular, la incorporación de la tecnología, la investigación científica y la articulación entre la educación media, técnica y superior.
No se trata simplemente de discutir estructuras institucionales, sino de construir una visión de país donde la educación sea el verdadero motor del desarrollo económico, social y cultural.
También es importante reconocer que la ADP se encuentra actualmente concentrada en la organización de su primer Congreso Pedagógico, un esfuerzo que busca promover jornadas de reflexión en escuelas, liceos y politécnicos de todo el país. Este proceso interno puede enriquecer aún más el diálogo nacional, al incorporar la experiencia y las propuestas que surjan desde las propias comunidades educativas.
En definitiva, el gesto del ministro Rafael Santos de convocar al diálogo con el magisterio dominicano debe ser valorado como un paso en la dirección correcta. En tiempos en que muchas sociedades enfrentan polarización y confrontación permanente, apostar por la conversación respetuosa y la construcción de consensos es una señal de liderazgo responsable.
La transformación de la educación dominicana no será el resultado de una decisión aislada ni de un decreto administrativo. Será el fruto de un proceso amplio de reflexión nacional, en el que participen el Estado, los docentes, las universidades, los estudiantes y la sociedad en su conjunto.
Si este diálogo logra consolidarse, el país habrá dado un paso importante hacia la construcción de un sistema educativo más sólido, inclusivo y preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Porque, al final, la educación no pertenece a un ministerio ni a un gobierno de turno: pertenece al futuro de la nación.