El primer trimestre del año 2026 ha dejado una señal alarmante para la sociedad dominicana. En apenas dos meses se han registrado al menos 18 feminicidios, triplicando las cifras del mismo período del año pasado. Detrás de cada número hay una historia de violencia que terminó en tragedia, y un sistema que, en muchos casos, no logró proteger a tiempo a las víctimas.
Casos como el de Rosmery Sosa, asesinada por su pareja en el sector Gualey, o el de la profesora Santa Sepúlveda, muerta en Yamasá luego de recibir amenazas constantes, reflejan un patrón que se repite con dolorosa frecuencia. Muchas mujeres viven bajo riesgo evidente, pero las señales de alerta no siempre generan una respuesta efectiva de las autoridades.
El problema se vuelve aún más preocupante cuando se analizan las cifras institucionales. En República Dominicana se registran cada año decenas de miles de denuncias por violencia de género, pero solo el 29 % de ellas termina en una orden de protección para la víctima. Esto significa que la mayoría de las mujeres que denuncian quedan prácticamente desprotegidas.
Las órdenes de protección son una herramienta clave para prevenir agresiones y evitar que los conflictos escalen hasta el asesinato. Sin embargo, cuando estas medidas se aplican de manera limitada o tardía, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de prevención.
A lo largo de la última década, cientos de mujeres han perdido la vida víctimas de feminicidio en el país. Esta realidad demuestra que la violencia de género no es un problema aislado ni ocasional, sino un desafío social profundo que sigue sin encontrar respuestas efectivas.
Las autoridades han impulsado iniciativas como los llamados “Puntos Vida”, espacios habilitados para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar ayuda de manera inmediata. Aunque la medida busca ampliar los canales de denuncia, su impacto dependerá de la rapidez y eficacia con que el sistema responda a cada caso.
La verdadera lucha contra los feminicidios no puede limitarse a anuncios o programas puntuales. Requiere una política integral que combine prevención, educación, protección efectiva para las víctimas y una respuesta judicial firme frente a los agresores.
Si el país no logra fortalecer sus mecanismos de protección, las cifras seguirán creciendo y las tragedias se repetirán. La violencia contra las mujeres no puede seguir siendo una estadística más: debe convertirse en una prioridad nacional que exija acciones reales y urgentes.